La LXXXIV Asamblea general de la FAPE, celebrada hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, ha recogido en la Declaración de Cádiz las demandas más urgentes dentro de la profesión periodística. En este manifiesto se denuncia que la desinformación es hoy la mayor amenaza para el periodismo y la democracia, y que solo un periodismo basado en códigos éticos y deontológicos, regido por el principio de veracidad, el rigor y la honestidad, puede garantizar el derecho constitucional a recibir una información veraz. El texto también exige que los periodistas puedan ejercer la profesión sin intimidaciones, ni coacciones, garantizándose la libertad de prensa.
La Declaración de Cádiz ha sido respaldada tras recoger las propuestas presentadas por las diferentes asociaciones que conforman la Federación. Dichas propuestas planteaban a debate temas como la irrupción de la IA y su regulación en los medios; la actualización del Código Deontológico; la desinformación y la polarización política; la precariedad laboral o la protección de los profesionales en el ejercicio de la profesión.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Cerca de un centenar de periodistas de todo el país han participado esta mañana en una asamblea donde se han presentado varias iniciativas relacionadas con el uso de la IA y su aplicación en el Periodismo. Todas ellas han sido recogidas en una única propuesta, aprobada por unanimidad, que será estudiada por la Comisión de expertos y periodistas para la regulación del uso de la IA creada en la pasada asamblea, celebrada en Talavera, y compuesta por varias asociaciones federadas.
Con la aprobación de la propuesta de la Asociación de Periodistas de Albacete, la FAPE trasladará al Gobierno y demás instituciones públicas la petición de establecer una regulación que garantice que los puestos destinados a labores de comunicación en la Administración Pública sean ocupados exclusivamente por titulados en Periodismo o Comunicación Audiovisual. Del mismo modo, ha sido apoyada la propuesta de Asociación de Periodistas de las Islas Baleares sobre el intrusismo amparado en los colectivos sectoriales.
Por su parte, la Asociación de Periodistas de Aragón, la Asociación de la Prensa de Málaga y la Asociación de Periodistas de Cantabria han propuesto actualizar el Código Deontológico para que se adecúe a la nueva realidad a la que se enfrenta la profesión. Tras la defensa de dichas propuestas, se ha aprobado crear una comisión que estudiará dicha actualización.
También ha salido adelante la propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla de hacer un llamamiento a los medios públicos, y a los compañeros que trabajan en ellos, para que cumplan con su obligación de hacer exclusivamente información veraz y sean referentes en la lucha contra la desinformación, la manipulación y la mentira.
Por otro lado, dos iniciativas presentadas por la Unió de Periodistes Valencians han contado con el respaldo de la Asamblea. La primera, solicitaba que las ayudas públicas queden condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo de los periodistas; y la segunda instaba a las administraciones públicas a reconocer a los periodistas como personas de autoridad en el ejercicio de su profesión, con el fin de reforzar su protección frente a las agresiones y amenazas que reciben en el desempeño de su labor informativa.
A petición de la Asociación Profesional Periodistas Valencianos, se ha aprobado el desarrollo de un plan estratégico para el fortalecimiento del periodismo local. También ha contado con el apoyo de la Asamblea la petición de la asociación valenciana sobre el rechazo a la limitación de preguntas en las ruedas de prensa institucionales.
En el ámbito del funcionamiento interno de la Federación, se ha aceptado la propuesta de la Asociación de la Prensa de Málaga de realizar más reuniones, de forma telemática, entre asambleas generales para cuestiones urgentes que afecten al ejercicio profesional. Del mismo modo, se ha validado la propuesta de la Junta Directiva sobre el reparto de las aportaciones que realizan las asociaciones en la financiación de la Fundación Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología.
APERTURA INSTITUCIONAL
Previo a la Asamblea, ha tenido lugar la apertura institucional con la presencia del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y el teniente de alcalde de Cádiz, Pablo Otero; que estuvieron acompañados en la mesa por el presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Diego Calvo, y el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.
La LXXXIV Asamblea General de la FAPE cuenta con el patrocinio institucional de la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad de Cádiz y la Fundación Cajasol. Además, cuenta con la colaboración de Renfe, la Denominación de Origen Aceite Sierra de Cádiz, el Consejo Regulador del Vino y Brandy de Jerez, la empresa de autobuses turísticos City Sightseeing y la empresa pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía.
Fuente: FAPE