Francisco Gómez Loarte, secretario general de Análisis y Asuntos Públicos del Gobierno de Extremadura, impartió el pasado sábado la quinta conferencia en el marco de las Jornadas de Información y Comunicación Política organizadas conjuntamente por la UC y la Asociación de la Prensa de Cantabria. Bajo el título “Comunicación en campaña electoral desde un partido que gobierna”, el ponente repasó las dificultades que han supuesto en su caso el tratarse de un gobierno en minoría, que ha pasado por una moción de censura y una cuestión de confianza.
Según Gómez, la comunicación política que hace un partido en el gobierno requiere “una metodología, una agenda bien marcada y controlar los distintos canales de difusión”. Abogó por un modelo de comunicación centralizado, por medir bien los tiempos y por los pequeños gestos “que llegan muy bien a los ciudadanos” en la “política al por menor” de regiones y provincias y explicó las herramientas de comunicación que utiliza el actual Gobierno de Extremadura, empezando por un “intenso trabajo de análisis e informe para que el presidente tenga un respaldo a la hora de hablar” sobre cualquier tema. En reuniones semanales, los jefes de prensa de la institución planifican la comunicación y la coordinan “para que no se produzcan mensajes contradictorios” entre consejeros, y todo está supervisado por la presidencia.
También se realiza un “seguimiento exhaustivo de todo lo que se dice”, añadió: desde ruedas de prensa de otros partidos hasta tribunas de opinión en los medios, tertulias…, con su correspondiente valoración. Sobre la planificación, resaltó la importancia de “marcar los temas de la semana, para no tener que hacer una comunicación reactiva”. “En política, si no atacas te estás defendiendo, conteniendo el ataque, y pierdes la batalla seguro”.
Según su secretario general de Análisis y Asuntos Públicos, el Gobierno de Extremadura es “el único que se autoevalúa” a través de un documento que se entrega a los periodistas con motivo de cada consejo de gobierno. Este “libro blanco” recoge todas las medidas anunciadas por los políticos y su grado de cumplimiento (de más de un 70%), además del anuncio de nuevas iniciativas y una evaluación de los logros de cada consejería.